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UNA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS ARBITRARIA

noviembre 30, 2012

(Publicado en el blog de ACA en CONAMA)

La reforma de la Ley de Costas que ha impulsado el gobierno de Mariano Rajoy es arbitraria, carece de base científica y empeorará el estado del litoral español, coinciden varios expertos reunidos esta semana en un debate en el Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA2012).

La playa del Saler (Valencia) y los edificios de la Gola del Pujol al fondo. La zona es parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. (Fotos: E.Santafé)

Sus precursores sólo ven el litoral como un recurso económico de gestión privada y buscan ganar votos, según el catedrático Miguel Ángel Losada, de la Universidad de Granada, que al igual que otros técnicos expresó su estupor por una reforma que “el partido en el gobierno debería retirar de forma inmediata”.

El adelgazamiento de esta ley de protección del litoral de 1988 -que no ha conseguido su objetivo de librar a la costa de la invasión inmobiliaria-, sucede a un intento frustrado hace unos años del Ministerio de Medio Ambiente de elaborar una Estrategia nacional de Gestión del Litoral por recomendación del Parlamento Europeo en 2002.

El proyecto quedó en agua de borrajas porque “no había voluntad de acuerdo” entre las diferentes administraciones, que defendían “intereses totalmente distintos”, según Dolores Ortiz, subdirectora adjunta del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).

A este fracaso le siguió el anuncio del ministerio de una reforma de la legislación costera que no ponga trabas a un desarrollo económico tan buscado en tiempos de crisis.

Pero el proyecto de ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que debate actualmente el parlamento, no contiene elementos de protección ni de uso sostenible, según Losada.

El texto, que amplía las concesiones 75 años más y reduce las zonas de dominio público, no señala los puntos del litoral con riesgo de inundaciones, en un momento en que Bruselas prepara precisamente una directiva para hacer frente a este fenómeno, y tampoco explica por qué exime de la legislación a una serie de parajes  que califica de “singulares”.

En resumen ,“desprecia sistemáticamente los procesos litorales y la evolución costera” y “sólo atiende a la delimitación de las propiedades pública y privada”, según el catedrático de Ingeniería Hidráulica.

El “pilar” de este proyecto de ley, se lee en el texto, es aportar seguridad jurídica a la actividad económica del litoral español, algo que según sus promotores no ofrecía la legislación anterior, a pesar de que la justicia española la respaldó en el 90% de los casos ante denuncias de ciudadanos.

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El ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, pretende con ella evitar la demolición de casi 2.000 viviendas a partir de 2018, fecha en que expiran las concesiones de casas, muchas de propiedad extranjera, construidas en dominio público.

Esta nueva ley, a la que se oponen las organizaciones ecologistas, agrupadas en la Plataforma No a Nuestra Costa, abre la puerta a un tercer boom inmobiliario y turístico después del de los años 60 y el que nos ha llevado a la crisis actual, vaticina Losada.

“No podemos prohibir en la ley los efectos del cambio climático”, se llega a decir en el texto, que ignora las previsiones de subida del nivel del mar en los próximos años debido al calentamiento global.

La ley supone “un desmantelamiento absoluto de la protección de nuestro litoral” en un país que está entre los más afectados de la Unión Europea por el cambio climático, coincide Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, que señala que España ya está pagando el precio de no tener un plan de gestión integrada del litoral.

Tras la aprobación de esta reforma, que se espera inminente, el Magrama dice tener pendiente la elaboración de una Estrategia “alternativa” de gestión del litoral que esté adaptada a los recortes que impone la crisis (el presupuesto para la Dirección General de Costas bajará un 60% en 2013), mientras la UE va de nuevo más lejos y prepara para el año que viene una directiva conjunta de protección del espacio marino y gestión integrada de zonas costeras que quizá obligue a España a revisar otra vez su legislación.

Y ante este panorama, un consejo: “Conocer cómo funciona la costa” antes de ponerse a planificar sus usos y que los políticos escuchen a los técnicos, recomienda el catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia José Cristóbal Serra.

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3 comentarios leave one →
  1. Ángeles permalink
    diciembre 1, 2012 11:53 am

    Como en tantos otros temas, el debate se centra aquí en las decisiones que hay que tomar, por un lado, y el dinero, por otro. La ampliación de las concesiones supone, en realidad, postergar una decisión que habría que tomar de inmediato pero que va a perjudicar a miles de casas de inversión extranjera a las que, probablemente, no se quiere ‘molestar’. Si no se decide ahora habrá que hacerlo más adelante, y entonces quizá el precio sea mayor.
    Por otro lado, me parece un error no tener en cuenta las consecuencias del cambio climático, porque ya es un hecho y lo vamos a ir viendo año tras año. Nuestro litoral va a cambiar por obra de la naturaleza y tendremos que tomar las medidas oportunas para que el cambio que ya ha experimentado por obra del hombre no traiga fatales consecuencias.

  2. Pedro permalink
    diciembre 1, 2012 1:18 pm

    Echo en falta algo más que la postura de una parte. A pesar de lo poco que sé, coincido en que la ley nueva responde demasiado a resolver una parte del problema y obviar el conjunto… Tu artículo contiene dos de las posibles razones: la seguridad jurídica para los actuales propietarios, cosa que retrasa la acción… pero si lo piensas… si hay algún desastre, quien corre el riesgo es quien no se deshace de esas casas en primera linea… todas, si se ha cumplido la ley, esencialmente viejas.
    En segundo lugar, el problema también ha radicado en la falta de acuerdo de las instituciones… que de nuevo han preferido no llegar a acuerdos y tener a alguien que cargue con la culpa (gobierno) en lugar de promover algo mejor.

  3. diciembre 5, 2012 6:46 pm

    Yo diría que están las posturas de las dos: el gobierno quiere garantizar la seguridad jurídica, es decir, que quienes viven muy cerca del mar no pierdan sus casas, sean extranjeros o no, y además no quiere que las medidas de protección ambiental de la costa impidan las actividades económicas en primera línea de playa.
    Como bien dices, en el litoral hay un evidente riesgo de inundaciones o de temporales, y éste lo corre principalmente quien vive allí, pero la reparación de esos daños corre a cargo de los presupuestos públicos, es decir, de los bolsillos de todos los ciudadanos, incluidos los que no tiene casa por allí.
    Y no son tan viejas: en algún lugar de la costa se sigue construyendo muy cerca de la costa a día de hoy (este verano).
    Para terminar, la iniciativa de esta reforma la ha tenido el gobierno; el desacuerdo de las comunidades autónomas, según Dolores Ortiz, data del intento fallido de elaborar una Estrategia de Gestión Integrada de las Zonas Costeras, a mediados de los 2000.

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